En Puerto Montt condenan a 7 años de presidio a autor de robo frustrado con violencia e intimidación

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los jueces Jorge Díaz Rojas (presidente), Rosario Cárdenas Carvajal (redactora) y Francisco Javier del Campo Toledo– dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 18:30 horas del 1 de julio de 2020, Mao Salomón Vargas Silva y otro sujeto, con la intención de sustraer especies, llegaron hasta la empresa Chilexpress, ubicada en la avenida Presidente Ibáñez N° 9 en la comuna de Puerto Montt, en el momento que las víctimas “(…) se disponían a efectuar el cierre del local, y mientras se encontraban saliendo de sus dependencias, fueron abordados por VARGAS SILVA y otro, quienes amenazándolos con armas a fogueo con apariencia de armas de fuego, los obligaron a ingresar al interior del local, conduciéndolos bajo amenaza hacia un pasillo interior”.

En el lugar, maniataron a las víctimas, les exigieron la entrega de la llave de la caja fuerte, golpearon en la cabeza a uno de los dependientes con una de las armas a fogueo que portaban, a quien además propinaron golpes de pie en el estómago y cabeza. “Asimismo, los hechores registraron las vestimentas de los afectados en busca de especies de valor, sustrayendo con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño a (…) su teléfono celular marca iPhone ‘Se’, un par de audífonos inalámbricos color gris y negro, las llaves de su vehículo y $139.000 en dinero en efectivo. Enseguida, mientras las víctimas se encontraban maniatadas e imposibilitadas de oponer resistencia, acopiaron al interior del local, con la finalidad de sustraer con ánimo de lucro y sin la voluntad de su dueño, diversos paquetes de encomiendas y cuando se disponían a huir del lugar con tales especies, fueron sorprendidos por carabineros quienes los detuvieron en el mismo lugar. A consecuencia de la agresión, (…) resultó con una herida en el cuero cabelludo de carácter leve”, agrega el fallo.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Además, se ordenó el comiso de las especies incautadas en el procedimiento.

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