Contraloría detecta irregularidades en empresa eléctrica municipal de Guaitecas

Una deficiente gestión financiera y presupuestaria, irregularidades en la empresa eléctrica de la zona y un débil control en la construcción del emblemático parque eólico de Melinka detectó la Contraloría Regional de Aysén, mediante diversas fiscalizaciones a la Municipalidad de Guaitecas.

Se trata de un total de cuatro auditorías, la más reciente el informe final N° 819, de noviembre de este año, en que se auditó la operación y la gestión de cobros por mora en la Empresa Eléctrica Municipal de Melinka (EEMM). Al respecto, la CGR estableció que la empresa no ha cobrado deudas de clientes por $212.087.873, al 31 de diciembre de 2018; y por $159.245.545, al 31 de julio de 2019. Lo anterior implicaría un eventual riesgo en las operaciones de la empresa, al no contar con los recursos para su normal desarrollo.

Igualmente, la CGR detectó que el administrador de la EEMM es de profesión acuicultor, en circunstancias que la normativa para estos casos señala que quien ejerza ese cargo debe tener la calidad de técnico electricista.

Otro de los hallazgos apunta a la inexistencia de un plan de contingencia que asegure el funcionamiento de los sistemas de información ante un eventual desastre. Paralelamente, se constató que dependencias municipales, como el gimnasio comunal y el sector de enseñanza básica del Liceo de Melinka, no cuentan con medidores de consumo de energía, por lo que no se efectúa el correspondiente cobro por electricidad.

Las acciones fiscalización de la Contraloría ya daban cuenta de observaciones desde 2017. De acuerdo al informe de seguimiento a la INVE N°76, emitido en mayo de este año, la Municipalidad de Guaitecas no pudo acreditar el cumplimiento de la jornada laboral de los funcionarios municipales al momento de la fiscalización.

Debilidades en obras de Melinka

El informe N° 454, de septiembre de 2019, verificó la construcción de la Planta de Generación Eléctrica Eólica Diésel Melinka, una de las obras emblemáticas de la comuna de Guaitecas.

El documento señala que la construcción no contaba con las especificaciones técnicas mínimas para llevarse a cabo. Además, sostiene que en la planificación de la iniciativa, la Seremi de Energía de Aysén sólo aportó un “croquis básico y genérico” de las instalaciones y traspasó la responsabilidad de elaborar cabalmente el proyecto a la empresa contratista. 

También se cuestiona el rol del GORE de Aysén y del Ministerio de Desarrollo Social, en las etapas de postulación y revisión de antecedentes del proyecto. Ninguna de estas instituciones advirtió que las especificaciones técnicas no incluían obras relevantes como instalación de faenas, bodegas de materiales, traslados, e instalaciones sanitarias, entre otros, que implicarían trabajos extraordinarios y, por lo tanto, aumentar el valor inicial del plan, cifrado en $2.463.652.000.

Otro ítem del informe planteó que el proyecto debía entregarse en 450 días corridos, pero el plazo se extendió 263 días más. No obstante esta ampliación, la CGR verificó apenas un 14% de avance de las obras al momento de la fiscalización.

Además, se determinó que se pagaron partidas sin ejecutar. Ejemplo de ello es que se pagaron $ 255.217.044 por “transporte, hospedaje y otros”, tareas que no se realizaron.

Debido a todas estas irregularidades, la Contraloría Regional inició sumarios para determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse de cada caso.

Déficit presupuestario en Guaitecas

En 2018, la Contraloría auditó el proceso presupuestario y control de activos de la municipalidad. El informe final N°132 advirtió un déficit en la ejecución presupuestaria de 2017 de $13.637.823, pero además estableció falencias en la determinación del saldo inicial de caja de ese año. Debido a ello, se evidenció que el presupuesto 2017 presentó un déficit de $579.238.443, por errores en los ajustes contables.

La entidad comunal no proporcionó los correspondientes comprobantes de ingreso y/o el depósito, por $837.270.341, ni tampoco veló porque se restituyeran fondos pendientes por rendir por parte de funcionarios por $15.566.153.

En esa oportunidad, la CGR ordenó instruir un sumario administrativo para determinar los responsables.

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