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Por Marcelo Vera , 21 de noviembre de 2018Arzobispado de Puerto Montt denunció ante el Ministerio Público a dos sacerdotes por apropiación indebida de dineros
En la Fiscalía de Rancagua declaró el administrador apostólico de Puerto Montt, fray Ricardo Morales, quien denunció a dos sacerdotes por realizar autocontratos para justificar sueldos extras, actuar como prestamistas y sacar de manera irregular psicotrópicos de uno de los Centro de Salud Familiar (Cesfam)
Según consignó La Segunda, las acusaciones apuntan al exvicario general del Arzobispado de Puerto Montt, Tulio Soto Manquemilla y al exvicario ecónomo de la misma arquidiócesis Darío Nicolás, religiosos que durante los últimos trece años ocuparon cargos relevantes en dicha arquidiócesis.
Las denuncias tienen relación con la presunta apropiación indebida de dineros del Arzobispado, que se presentó el 12 de octubre luego que el administrador apostólico comprobara "un gran desorden administrativo, financiero y contable en la gestión económica de la arquidiócesis".Por esta razón, Morales encargó una auditoría externa en septiembre, la que arrojó "diversas situaciones que, a mi juicio y de los auditores, resultan irregulares y constitutivas de delitos".
Dentro de estas supuestas irregularidades, Soto habría utilizado dineros "para fines personales, no rindiendo cuenta de ello", cuyos montos que habría utilizado para hacer préstamos a terceras personas, una de las cuales decidió denunciar esto al administrador apostólico, pero no a la Fiscalía por temor a las redes de protección del exvicario general.
La denuncia establece que luego de hacer los préstamos, Soto protocolizaba en Notaría un reconocimiento de deuda con el fin de asegurar su pago. En uno de los casos, el representante de una empresa gastronómica asume que "debe y pagará" $90 millones "que adeuda por concepto de mutuo de dinero entre particulares", acordando el pago en tres mensualidades a una cuenta corriente de la Parroquia de Fátima de Puerto Montt.
Sumado a ello, la segunda denuncia acusa a Soto y al exvicario ecónomo Darío Nicolás, de fraude al Fisco, por el uso irregular de dineros del Cesfam San Pablo Mirasol, dependiente del Arzobispado, pero financiado con dineros transferidos por el Servicio de Salud de Reloncaví.
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