Analizan proyecto que despenaliza el aborto dentro de las primeras 14 semanas

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género continúo con el análisis del proyecto, originado en moción, que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras catorce semanas de gestación.

Para tramitar esta iniciativa, el grupo parlamentario continúo con las audiencias. En la presente sesión, contó con la participación de Anita Román, presidenta nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile.

La dirigente estimó que la iniciativa debe enfocarse en la trazabilidad de las determinantes sociales. “Aquí estamos hablando de la decisión de una mujer en condiciones de vulnerabilidad y de un Estado que no se ha hecho cargo de estos temas”, comentó.

La representante gremial aseguró que, como sociedad y equipo de salud, tienen “la tarea de acompañar, pero jamás de intervenir en la decisión que toma una mujer en abortar”.

Otras organizaciones civiles
 En la jornada, también participó Paula Aracena, doctora en Bioquímica, representante de la Agrupación “No Más Mitos”. Fue categórica en precisar que el proyecto en discusión sigue calificando el aborto como delito. Asimismo, indicó que, “de ser aprobado, no se acabará con la judicialización de mujeres que hayan abortado, aun cuando se les exima de responsabilidad penal”.

Además, sostuvo que la propuesta “sería una señal legislativa de abandono a la clandestinidad y la invisibilidad de las mujeres que están en situaciones de extremo estrés, sufrimiento o, incluso, de violencia”.

En dicho contexto, planteó que, en vez de despenalizar un práctica que es un mal social, se debería avanzar en iniciativas para apoyar íntegramente a las mujeres embarazadas.

En la ocasión también expuso la representante de la Corporación “Mujer, Niño y Comunidad”, Miriam Payá. “Me preocupa que al despenalizar el aborto, la sociedad en su conjunto pierda cada vez más el valor de la vida humana, que es un valor que en todos los movimientos actuales están luchando por recuperar”, planteó.

Fundamentos del proyecto
En sus fundamentos, el texto recuerda que, en septiembre de 2017, se aprobó la Ley  21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Estas apuntaron al riesgo vital, la inviabilidad fetal y la violación sexual.

Reconoce como un avance dicha normativa, pero sostiene que no logró abordar la realidad de las mujeres en el país. Así, continúan vigentes sanciones penales a quienes decidan interrumpir un embarazo fuera de las estrictas causales previstas en la legislación.

Además, señala que las condiciones de ilegalidad, los abortos clandestinos conllevan graves riesgos para la salud y la vida de las mujeres, especialmente de quienes no cuentan con los recursos para acceder a un aborto seguro.

Asimismo, la moción indica que la penalización del aborto profundiza las desigualdades sociales y la injusticia de género, condenando de antemano a las mujeres pobres y a las jóvenes a prácticas inseguras que atentan contra la dignidad inherente a toda persona.

De igual modo, el texto plantea que las mujeres se exponen a ser denunciadas por médicos y personal de salud que incumplen sus obligaciones éticas y jurídicas de confidencialidad. Por ende, enfrentan mayores riesgos de persecución penal.

El proyecto se originó en una iniciativa, en 2018, de las diputadas Camila Vallejo (PC), Camila Rojas (Comunes), Karol Cariola (PC), Maite Orsini (RD), Natalia Castillo (IND, Gael Yeomans (PCS), Claudia Mix (Comunes), Daniella Cicardini (PS), Emilia Nuyado (PS), Catalina Pérez (RD) y Cristina Girardi (PPD), más la ahora senadora Loreto Carvajal (PPD).

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