Abordan trabas en acceso a justicia de mujeres con discapacidad

Con la participación de más de 50 asistentes virtuales se desarrolló la charla abierta a la comunidad “Acceso a la justicia de grupos vulnerables: personas con discapacidad y especialmente mujeres víctimas de violencia”, organizada por el Comité de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

La actividad –que se realizó el viernes 8 de octubre en la modalidad webinar– fue encabezada por la presidenta del tribunal de alzada y del comité, Ivonne Avendaño Gómez, y contó con la asistencia remota de jueces, consejeros técnicos, funcionarios judiciales y público en general.

Las exposiciones contaron con intérprete de lengua de señas y estuvieron a cargo de la directora regional de Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) Jéssica Droppelmann Rosas, quien abordó el “Rol institucional de SENADIS”, y del abogado del Programa de acceso a la justicia para personas con discapacidad de la Corporación de Asistencia Judicial, Jorge Martel Rayo, quien se refirió a “Consideraciones acerca del acceso a la justicia de personas con discapacidad”.

La jueza del Juzgado de Familia de Puerto Montt e integrante del Comité de Género en representación de la Asociación Regional de Magistradas y Magistrados Los Lagos, Jacqueline Guerra Vargas, fue la encargada de presentar y moderar la jornada.

“El Comité de Género ha impulsado esta actividad con el objetivo de refrendar el compromiso institucional con incorporar una perspectiva de género y derechos humanos en nuestro quehacer diario, proponiendo una reflexión acerca del acceso a la justicia de las personas con discapacidad, especialmente mujeres, reconociendo que desgraciadamente las afectan situaciones de desigualdad, discriminación múltiple y/o vulnerabilidad basados en prejuicios , estereotipos y asimetrías de poder, debiendo revisar si estamos implementando los ajustes razonables que mandata la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para garantizar el ejercicio de éstos y principalmente si hemos avanzado en derribar las barreras actitudinales en su atención y trato digno y respetuoso”.

La magistrada Guerra destacó, además, el interés que manifestaron los asistentes en las temáticas abordadas por los expositores, “lo que se refleja en la gran cantidad de consultas y opiniones recibidas, esperando además que por el hecho de haber contado con interprete de lengua de señas haya sido un espacio inclusivo de información relevante, precisamente para personas con discapacidad y sus redes de apoyo, contribuyendo en alguna medida a la transformación en la cultura institucional y social necesaria para lograr una igualdad real o sustantiva en el acceso y disfrute de los derechos de todas las personas”.

Coordinación intersectorial
La directora regional de SENADIS Jéssica Droppelmann, en tanto, valoró la realización de actividades que fortalezcan la coordinación intersectorial, “donde se abran espacios para el diálogo y la reflexión sobre temas tan relevantes como el derecho de las personas con discapacidad, en especial, mujeres con discapacidad víctimas de violencia, aún queda mucho por hacer, pero colocar el tema en la mesa entre actores tan relevantes para el sistema judicial, nos indica que vamos por un buen camino y el deseo de fortalecer la redes y de trabajar por sistemas de atención de público verdaderamente inclusivos es algo por lo que se está trabajando de manera concreta”, resaltó.

Por su parte, el abogado ejecutor del convenio entre la Corporación de Asistencia Judicial y SENADIS Jorge Martel se refirió a las brechas que están pendientes en materia de no discriminación y de acceso a la justicia para mujeres que son víctimas de violencia y que pudieran tener una condición de discapacidad.

“Sobre este tema debemos tener presente que el Estado chileno está en la obligación de promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad (art. 4 Ley 20.422); mandato que viene dado desde la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con Discapacidad (1999) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006), ambas ratificadas por Chile en su oportunidad”, precisó.

“La igualdad de oportunidades –continuó– para las personas con discapacidad abarca la ausencia de discriminación por razón de discapacidad, y la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional, laboral, económica, cultural y social. En ese orden de ideas, como acción positiva o concreta esperamos que este tipo de actividades permitan entregar herramientas de trabajo al momento de atender a ciudadanos en situación de discapacidad y de esa forma asegurar el acceso a la justicia, en especial para las mujeres en discapacidad a quienes la ley considera dentro de los grupos en situación de especial vulnerabilidad”.

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