Senadores UDI presentan proyecto de reforma constitucional, que fija causas para acusar constitucionalmente a Gobernadores Regionales.

Si bien, la actual legislación permite llevar adelante un juicio político en contra de los jefes regionales, no establece causas para ello (pese a que incluso se establecen quórum de votación), por lo que mediante esta modificación, se busca que puedan ser acusados por infracción de la Constitución o las leyes, notable abandono de deberes, transgresión grave de las normas sobre probidad administrativa y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos, soborno y colusión.

El Senador por la región de Los Lagos, Iván Moreira, junto con entregar los alcances de este proyecto, explicó que independientemente de lo que dictaminen los tribunales de justicia, las acusaciones constitucionales establecen responsabilidades políticas.

“Siempre hemos sostenido que la creación de los gobernadores regionales, sin atribuciones, no tenía mucho sentido y no contribuía a la descentralización. Esa fue una mala ley, y que entre otras falencias, entrega la posibilidad de acusar constitucionalmente a los gobernadores, pero no establece las causales para llevar a cabo. Por eso, es que junto a otros senadores, presentamos un proyecto de ley de reforma constitucional, que subsana esto, estableciendo causales como las infracciones a la Constitución, notable abandono deberes, transgresión a las normas de probidad, malversación de recursos públicos, soborno o colusión sean argumento que permita llevar a cabo una acusación constitucional. Desde la elección de los gobernadores regionales, hace ya tres años, estas autoridades han sido más conocidas por los recientes escándalos de corrupción, que por buenas obras. Por eso, creemos que subsanar este error, permite establecer reglas claras y seriedad respecto a eventuales acusaciones constitucionales. Una acusación constitucional es un juicio político, por lo que independiente de los fallos de la justicia, aquí se establecen responsabilidades políticas respecto a hechos graves, como bien pueden ser los escándalos de corrupción que hemos conocidos en varios gobiernos regionales a lo largo del país”. 

Moreira sentenció que si la norma estuviera en vigencia, serían varios los gobernadores que podrían ser sometidos a un juicio político, independiente de las responsabilidades penales.

La normativa establece que para acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales, se necesitará el voto favorable de la mayoría de los Diputados en ejercicio y posteriormente ser aprobado por dos tercios de los Senadores.

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