Promulgan ley que prohíbe licencias de conducir a condenados por delitos sexuales

El Gobierno promulgó una ley que prohíbe la obtención de licencias de conducir clase A-1, A-2 y A-3 a personas condenadas por delitos sexuales. La normativa, impulsada por el senador Fidel Espinoza y respaldada por el Ejecutivo, fue firmada por el Presidente Gabriel Boric, el Ministro de Justicia Jaime Gajardo, el Ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz y la Contralora General de la República Dorothy Pérez el 31 de marzo de 2025.

El senador Fidel Espinoza destacó la importancia de esta medida y señaló que "es un orgullo que se haya concretado ayer ya la promulgación definitiva de este proyecto de ley, que es tremendamente necesario para Chile: nunca más los condenados por delitos sexuales van a poder conducir un vehículo de la locomoción colectiva". Asimismo, agradeció el respaldo del Ejecutivo y afirmó que esta normativa busca evitar que personas con antecedentes de este tipo puedan estar en contacto con pasajeros en el transporte público.

La ley se originó a partir de un caso ocurrido en 2018 en Puerto Montt, donde un conductor de una línea de colectivos abusó sexualmente de una menor de edad. La víctima y su familia impulsaron la iniciativa junto con el senador Espinoza, quien trabajó en la elaboración del proyecto junto a las senadoras Loreto Carvajal, Ximena Órdenes, Paulina Núñez y Yasna Provoste.

Claudia Argel, madre de la menor afectada, expresó su satisfacción por la promulgación de la ley indicando que "estamos muy contentos como familia, que la ley, que duró tanto tiempo que saliera, finalmente ha sido firmada por el Ejecutivo. Para nosotros como familia ha sido una tremenda lucha, y claramente hace un cierre a todo este proceso". Además, destacó el compromiso del senador Espinoza en la tramitación de la iniciativa y aseguró que la nueva legislación representa un avance en la protección de pasajeros, especialmente de niños y niñas.

Con esta normativa, a nivel nacional ninguna persona condenada por delitos sexuales podrá obtener licencias de conducir que les permitan operar vehículos de transporte público. Según Argel, "claramente estas personas no cambian, no vuelven a ser personas mejores por estar detenidas, lamentablemente no hay una rehabilitación aquí detrás de todo esto. Pero sí claramente esto ayuda a que no puedan seguir trabajando en la locomoción colectiva, que es lo que nosotros esperábamos como familia".

La promulgación de esta ley busca reforzar la seguridad en el transporte público y garantizar que quienes prestan servicios en este sector no tengan antecedentes que puedan poner en riesgo a los pasajeros.

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