Concejales de Puerto Montt presentan querella por presunto fraude en el suministro de agua potable

Los Concejales Fernando Binder Alvarez, Juan Cuitiño Uribe, Emilio Garrido Ibáñez y Yerco Rodríguez Guichapani, respaldados por su asesor legal Sr. Braulio Sanhueza, han hecho público el inicio de acciones legales relacionadas con presuntas irregularidades en el suministro de agua potable en Puerto Montt. La querella, presentada ante el Juzgado de Garantía local, está sustentada en el artículo N° 66 de la Ley N° 18.695, que permite a los concejales fiscalizar las acciones del alcalde y los servicios municipales, y denunciar ante la justicia posibles delitos.

La acción legal se centra en la presunta sustracción irregular y suministro de agua potable a terceros, utilizando recursos municipales, específicamente a través de una red de cañerías, estanques de acumulación y bombas elevadoras conectadas directamente a la red de agua potable del Parque Municipal La Paloma.

Según los documentos presentados, que incluyen actos administrativos, oficios, resoluciones, informes de auditoría, fotografías, visitas a terreno y gráficos de consumo por servicios básicos, se observa un aumento significativo en el consumo de agua potable en el Parque La Paloma durante un período de 10 años, totalizando 197.767m³, con un costo de $114.696.308 millones de pesos. 

En este sentido el concejal Fernando Binder precisó queque “en el parque Alto La Paloma, en los últimos años -se habla de décadas- hay conexiones irregulares a viviendas y parcelaciones, con abastecimiento de agua desde el estanque del Parque La Paloma”.

A través de una declaración pública leída por el concejal Emilio Garrido los ediles señalan que “estos antecedentes son extremadamente gravosos y que eventualmente podrían calificar como una posible comisión de delitos y dada la prognosis del caso, la cual sustenta la presente querella criminal, es nuestro deber elevar los antecedentes a la justicia penal con ese fin de que se investiguen un probable fraude al fisco”.

Los concejales afirman que tomaron la decisión de iniciar la acción legal por el hecho de que existía un informe de la Dirección de Control que alertaba la situación. “Dentro del informe, la gravedad de los hechos es que las unidades municipales estaban en el conocimiento, o sea que ninguna unidad de cierta forma notificó o el municipio se sumó a una querella, para poder esclarecer esto” añadió Binder.

Los concejales consideran que estos hechos podrían constituir un posible delito y han decidido presentar la querella criminal para que se investigue la presunta comisión de fraude al fisco. Subrayan la necesidad de restaurar la confianza pública en la gestión municipal y señalan que es fundamental reflexionar sobre la continuidad de quienes lideran la comuna en este momento crítico.

Los concejales expresaron su confianza en que la justicia prevalecerá y que las investigaciones en curso arrojarán luz sobre la situación.

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