Concejales de Puerto Montt presentan querella por fraude al fisco en el DAEM

Un grupo de concejales de la Municipalidad de Puerto Montt presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de presuntas irregularidades financieras al interior de la institución.

En el documento legal, los querellantes, entre los que se encuentran Juan Carlos Cuitiño Uribe, Fernando Binder Álvarez y Emilio Garrido Ibáñez, acusan a diversos funcionarios de la municipalidad de cometer delitos como malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y fraude al fisco.

Según los concejales, existe "la utilización de facturas repetidas en diferentes ejercicios fiscales, una práctica que puede indicar fraude o mala fe en la rendición de cuentas". 

En la querella también se explica que se ha dectectado "que un total de $2.502.003.518 (dos mil quinientos dos millones tres mil quinientos dieciocho pesos) en fondos no ha sido acreditado ante el Ministerio de Educación. Esta falta de justificación representa una irregularidad significativa en el manejo de los recursos provenientes de la subvención escolar, los cuales debían haber sido utilizados para fines educativos".

Además reportan “la existencia de 299 sumarios administrativos que permanecieron en estado pendiente entre los años 2013 y 2021. De estos, 202 sumarios fueron concluidos en junio de 2024, pero el resto continúa sin resolución. Entre estos procedimientos se incluyen casos graves que involucran presunción de delitos, encubrimientos, personal que fue finiquitado e indemnizado, y demandas laborales pagadas con fondos de la Caja Municipal”.

La querella también hace referencia al "robo de combustible para calderas en establecimientos educacionales" y al "pago de cotizaciones a personas que no prestan servicios al DAEM".

En total los concejales denuncia que se han cometido los ilícito de malversación de caudales público, fraude al fisco, hurto agravado, falsificación de instrumento público, apropiación indebida e incumpliento de deberes de funcionarios públicos.

Los concejales argumentan que estas acciones han generado un "perjuicio económico significativo al sistema educativo y al Estado" y han afectado la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

Los querellantes solicitaron a la justicia investigar a fondo estas denuncias y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables.

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