Opinión: Más facultades y recursos para prevenir, responder y recuperarnos de la adversidad

Cada cierto tiempo la naturaleza parece despertar, haciéndonos sentir vulnerables, con eventos que han marcado la historia de Chile y de nuestra Región de Los Lagos.

Y es que este territorio y sus habitantes han sido protagonistas de hechos como el terremoto y maremoto del 22 de mayo de 1960 o más recientemente las erupciones del volcán Chaitén en mayo de 2008, del cordón Caulle en junio de 2011 o del volcán Calbuco en abril de 2015.

A los desastres socionaturales causados por sismos o volcanismo, sumamos remociones en masa. Los aludes o corridas, como se denominan en el lenguaje popular, nos golpean cada cierto tiempo en un área que además presenta la influencia de la falla Liquiñe-Ofqui, un conjunto de rupturas en la corteza terrestre que recorre más de mil 200 kilómetros de los Andes Patagónicos.

La noche del 3 de mayo de 2002 una remoción en masa arrasó con varias viviendas en caleta Buil en la península del Comau, dejando cinco fallecidos y 7 desaparecidos. Una década y media más tarde, el 16 de diciembre de 2017, Villa Santa Lucía fue el escenario de una gigantesca remoción que cobró 21 vidas, a las que se suma la del único poblador que aún permanece desaparecido: Don Sixto Villegas Ojeda.

Es por ello que para Chile y nuestra región resulta de vital importancia la promulgación por parte del Presidente Sebastián Piñera de la Ley que sustituye a la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Una norma que se ingresó a tramitación en 2011 durante la primera administración del Presidente Piñera y que hoy reconoce e incorpora todos los avances que se han logrado en función de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en esta última década por el actual Sistema Nacional de Protección Civil. Varias de estas lecciones han sido aprendidas en este territorio y sus particularidades.

Con esta ley los avances serán actualizados, reforzados, estandarizados, para hacerlos vinculantes, permitiendo alcanzar altos estándares en la gestión del riesgo de desastres, centrados en la prevención y territorialidad. Esto tomando en cuenta que las emergencias son dinámicas y que cada escenario tiene sus condiciones, incluso dentro de una misma región. No es lo mismo reducir el riesgo y responder a hechos que se registran en Puerto Montt, en Palena o en Chiloé.

La creación del Senapred no es sólo un cambio de nombre, es una nueva y fortalecida institucionalidad. Se trata de un servicio descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio desconcentrado territorialmente a nivel regional y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior.

Dentro de los avances de esta nueva Ley está la incorporación de definiciones, las fases del ciclo de riesgo de desastre y los principios del nuevo sistema. También define el rol del Ministerio de Defensa Nacional, la actuación de la Fuerzas Armadas y la coordinación en Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe, tema que sin duda ha cobrado especial vigencia en esta emergencia sanitaria por Covid19.

El texto establece Comités de Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) como estructuras de coordinación en la fase de mitigación y preparación, y en fase de respuesta y recuperación; junto con un sistema de comunicaciones integrado y robusto que deberá mantener la comunicación con los organismos técnicos responsables de vigilar las amenazas.

Además, entre otros avances, se validan las acciones del actual Sistema de Alerta Temprana y su integración con los organismos técnicos, incorporando el Sistema Nacional de Comunicaciones y el Perímetro de Seguridad, orientado a difundir información de alerta en forma oportuna.

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