Ranking mundial de gobierno electrónico: Chile subió 5 peldaños ubicándose en el lugar 31

Chile subió cinco lugares en el último E-Government Survey 2024  o Encuesta sobre Gobierno Electrónico que bianualmente realiza las Naciones Unidas a través de su  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. En esta decimotercera edición que fue difundida el 17 de  septiembre y en la que Dinamarca continúa liderando desde 2018, Chile alcanzó el puesto 31 subiendo cinco  lugares en comparación con la versión anterior de 2022.  

En América, nuestro país es superado sólo por Estados Unidos (19) y Uruguay (25).  

Esta encuesta es una herramienta que permite evaluar comparativamente el desarrollo electrónico de los 193 países miembros de las Naciones Unidas, entregando una visión actualizada de cada país y una  perspectiva tanto regional como global. Además, facilita que los responsables de la toma de decisiones puedan identificar las fortalezas y desafíos en el desarrollo del gobierno electrónico de cada país con el fin  de entregar mejores servicios digitales a la ciudadanía, y por ende, propender a un Estado más confiable,  eficiente y accesible.  

La posición de Chile en el ranking refleja el compromiso del Gobierno con la digitalización y la modernización  del Estado, destacando la calidad de los servicios digitales ofrecidos a la ciudadanía. Para evaluar a Chile,  Naciones Unidas solicitó las direcciones de los sitios web gubernamentales y ministeriales, así como  información sobre iniciativas de desarrollo digital, datos abiertos, participación electrónica y las autoridades  responsables de las políticas de gobierno electrónico. Chile avanzó significativamente en las categorías de 

participación digital, mejorando en un 20,5% su puntuación; y en el índice de infraestructura de  telecomunicaciones, donde aumentó un 18,2% su puntaje.  

Si se mira la encuesta a nivel global, el desarrollo del gobierno electrónico ha mostrado una mejora  significativa reduciendo el porcentaje de población rezagada en este ámbito, que pasó del 45% en 2022 al  22,4% en 2024. Sin embargo, África y Oceanía continúan por debajo del promedio mundial de 63.817 puntos,  lo que resalta la necesidad de intensificar los esfuerzos para cerrar estas brechas.  

El director de la Secretaría de Gobierno Digital, José Inostroza, destacó la trayectoria de esta encuesta, que  data desde 2001, señalando “desde el 2005 que Chile no tenía una posición tan alta a nivel mundial como es  el puesto número 31. Desde la versión anterior avanzamos cinco puestos, lo que es bastante importante y  habla de las fortalezas de nuestro país en materia de capital humano, en materia de conectividad, en materia  de participación digital, en materia de servicios digitales. Yo diría que Chile es un país bastante maduro en  términos de su política y su desarrollo sistémico en el ámbito público y en el ámbito privado. Y la buena  noticia es que el gobierno está haciendo mayores esfuerzos en un ámbito que, además, hay mucho consenso  técnico de orientación estratégica para que Chile dé los siguientes pasos y siga avanzando en este ranking”.  

¿Qué se entiende por gobierno electrónico?  

Según Naciones Unidas: 

∙ El gobierno electrónico se define como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación  (TIC) para ofrecer servicios gubernamentales a ciudadanos y empresas de manera más eficaz y  eficiente.  

∙ Implica la aplicación de las TIC en las operaciones gubernamentales con el fin de alcanzar objetivos  públicos mediante medios digitales.  

∙ El principio central del gobierno electrónico, respaldado por un marco institucional sólido, es  optimizar el funcionamiento interno del sector público, reduciendo costos financieros y tiempos de  transacción, mejorando la integración de flujos y procesos de trabajo, y permitiendo un uso eficiente 

de los recursos en las distintas agencias gubernamentales, con el objetivo de generar soluciones  sostenibles.  

∙ A través de la innovación y la implementación del gobierno electrónico, los gobiernos pueden  volverse más eficientes, ofrecer mejores servicios, responder a las demandas ciudadanas de  transparencia y rendición de cuentas, ser más inclusivos y, en consecuencia, restaurar la confianza  de los ciudadanos en sus instituciones. 

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