Comunidades Mapuche Williche de Quellón denuncian presuntas irregularidades en sesión de la CRUBC

Las comunidades mapuche williche de Quellón y la Coordinadora Willy Lafken Weichan han denunciado diversas irregularidades y arbitrariedades en la reciente sesión de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC), llevada a cabo el pasado viernes 7 de junio.

Según el comunicado emitido por estas comunidades, se solicitó formalmente la suspensión de la sesión debido a que coincidía con los funerales del Lonko Ramón Chiguay. Los representantes argumentaron que la decisión de no suspender la sesión demostró "una falta de respeto y consideración a las culturas ancestrales". La continuación de la sesión sin la presencia de los principales interesados fue calificada como una "jugada sucia".

El comunicado indica que la solicitud de suspensión fue enviada a las 16:00 horas del día en cuestión y, aunque inicialmente fue confirmada la suspensión de la sesión, posteriormente se revirtió la decisión, según las comunidades afectadas. "A las 18:20 horas hubo un pronunciamiento desde la CRUBC [...] que la sesión estaba suspendida", pero “a las 19:30 [...] el discurso había cambiado”.

Las comunidades denunciaron también que el desarrollo de la sesión se llevó a cabo sin la debida solemnidad y en un ambiente de "caos y faltas de respeto", con algunos miembros de la CRUBC emitiendo sus votos "riéndose de forma absolutamente irrespetuosa". En particular, mencionan al zonal de pesca, Alberto Millaquén, quien, según el comunicado, presionó a otros miembros para votar en contra de las ECMPO (Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios).

El comunicado critica fuertemente el papel del Gobernador Vallespín, acusándolo de actuar con parcialidad y de manipular la sesión. También se cuestiona la influencia de la industria salmonera en las decisiones de la CRUBC, sugiriendo que hay "grandes dudas" sobre quién realmente dirige la región, si el Gobernador o la industria salmonera.

Las comunidades afectadas han señalado que estas acciones violan el principio de igualdad ante la ley y afectan gravemente los derechos reconocidos por la Ley Lafkenche y el Convenio 169 de la OIT. Expresaron su intención de "ejercer todas las acciones administrativas o judiciales" para defender sus derechos, incluyendo posibles acciones penales relacionadas con los hechos denunciados.

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