Una injusticia tributaria para el agro

Recientemente se ha conocido el nuevo reevalúo de los terrenos agrícolas en el sur del país, los que han generado un aumento en las contribuciones de hasta un 100%, afectando así directamente a pequeños y medianos agricultores de toda la zona, y potencialmente a toda la economía sureña. 

Lo hemos dicho innumerables veces: la agricultura es clave para la economía nacional y regional, pero una vez más vemos como la nula protección que goza el sector deja indefensos a los pequeños productores, ante esta alza que nos han puesto en alarma como gremio, debido al grave impacto que podrá generar.

Los pequeños y medianos agricultores, los habitantes de las zonas rurales, y la agricultura familiar campesina, quienes veían como sus revalúos oscilaban entre un 10% a un 20%, hoy se ven envueltos en la vorágine de la especulación financiera, absorbidos por un mercado altamente desregulado como es el de las parcelaciones, el cual eleva artificialmente las contribuciones de sus predios por sobre lo comprensible, lo que de mantenerse esta situación, se les hará insostenible el mantenerse activos produciendo alimentos en sus terrenos.

Con gran preocupación, nuevamente observamos que la realidad del agro nacional, y de los sectores rurales de Chile, no se toman en cuenta a nivel central. En primer lugar, se produce la reciente caída en el Congreso de la Ley de Perros asilvestrados, debido a una falta de comprensión de lo que significa la existencia de estas jaurías de perros asesinos, y su real daño para la fauna silvestre y ganadera. Y ahora, esta grave noticia de alza de contribuciones, demostrándose una completa ausencia de criterio por parte de nuestros gobernantes, y la presencia de una grave “injusticia tributaria”. 

El pasado lunes 29 de abril, como gremio sostuvimos una reunión con autoridades regionales para abordar el problema de los perros asilvestrados, en la cual también llevamos a la mesa esta grave inequidad tributaria, la que consideramos debe ser reevaluada bajo criterios que se ajusten a la realidad de los agricultores.

Hacemos un llamado al resto de las autoridades centrales a revisar el proceso, y conocer de primera fuente el grave impacto que esta medida podría tener en la generación de alimento, en el empleo, y en la economía con distribución de riqueza local.

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